¡Hace un año, Aguirre pedía una “estatua” para Lamela!
Como consejero de Sanidad, dirigió la cruzada neocon contra Montes y su equipo
Le llamaron “Doctor Muerte”. Le llamaron el “asesino del Severo Ochoa de Leganés”. El doctor Luis Montes se transformó de pronto -hace un par de años aproximadamente- en un monstruoso criminal de enfermos terminales y hasta no terminales. El coordinador de Urgencias del hospital citado disfrutaba, al parecer, provocando la muerte de indefensos pacientes cuyos familiares nada podían hacer ante tan salvaje galeno. El entonces consejero de Sanidad del Gobierno autonómico de Madrid, Manuel Lamela, dirigió la cruzada cristiana neocon contra el doctor Montes y su equipo.
Los guardianes del Bien se dedicaron a lanzar paletadas de mierda sobre los supuestos agentes de la eutanasia maldita. Buena parte de la prensa afín a Génova 13 cumplió con matemática precisión las instrucciones del PP. Había que demostrar que el Gobierno Zapatero era el paradigma del Mal, el promotor de Sodoma y Gomorra, el destructor de España y, por supuesto, el feroz enemigo de la religión católica. Su objetivo: el aborto, el divorcio exprés, la eutanasia y los matrimonios homosexuales. En resumen, ZP quería acabar con la familia a través del hedonismo, el laicismo, el relativismo y la masonería infiltrada.
Depuesto de su cargo
Le colgaron el sambenito al doctor Montes. Fue objeto de una persecución inquisitorial implacable. La presidenta del Gobierno de Madrid, Esperanza Aguirre, hacía méritos ante la derecha y apoyaba a Lamela. Asistimos a una brutal caza de brujas. Montes no fue conducido a la hoguera pero sí fue depuesto de su cargo en el transcurso de un escalofriante auto de fe en el que se procedió a una purga de cómplices o sospechosos del malvado Montes.
El poderío
Mientras tanto, se iba erosionando a propósito el prestigio de un hospital público que funcionaba adecuadamente, como el Severo Ochoa. El coro de las plañideras de oficio entonaba en esa época himnos de loa a la sanidad privada, el gran negocio. Los hipócritas se rasgaban sus vestiduras porque el doctor Montes, decían, sedaba compulsivamente a las víctimas hasta que morían incluso en los pasillos del hospital. Esperanza Aguirre exhibió su poderío machacando sin piedad a los médicos acusados de matarifes.
Colosal ignominia
Todo aquello constituyó una colosal ignominia. Se trató de una de esas operaciones conspirativas con las que la derecha de este país nos obsequia cada dos por tres. Si la realidad avala ese proceder –lo que apenas ocurre-, miel sobre hojuelas. Que no, pues que se joda la realidad: nosotros nos la inventaremos o la adecuaremos a nuestras pretensiones.
Güemes, el yerno del padrino de Castellón
Lamela cambió más tarde de cartera. De oca a oca y tiro porque me toca. Le sustituyó Juan José Güemes, casado con Andrea Fabra Fernández, ahora número 2 de la lista del PP por Castellón, hija del padrino de la provincia y presidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, el hombre de las gafas negras, ese perfil inconfundible de experto en pelotazos y en asuntos bajo sospecha.
Ni siquiera disculpas
Cuando se ha conocido el veredicto firme de la justicia, exculpando totalmente al doctor Montes y a sus colaboradores, Güemes ha defendido la actuación de su antecesor. Y, como no podía ser de otro modo, la de su presidenta, doña Espe. La lideresa popular –esa aristócrata que aspira a llegar a la Moncloa- no ha asumido responsabilidad política alguna y ni siquiera ha pedido ni disculpas ni perdón por el daño ocasionado.
Un gramo, sólo un gramo
Esperanza Aguirre ha dado de nuevo su auténtica talla. La oposición –llegó a decir Aguirre hace poco más de un año- “debería erigir una estatua” al consejero Lamela por su gestión. Y añadió con su conocida chulería cheli que, al final, la “estatua” en honor de Lamela la erigirían los madrileños. Pero si tuviera un gramo, sólo un gramo, de dignidad política, Aguirre habría tenido –tras la sentencia- que destituir a Lamela. E inmediatamente presentar ella misma su dimisión.
Todo esto está bien pero me gustaría que el Sr. Moreu diera su opinión para contrastarla. Creo que el Sr. Moreu sería un buen candidato para las elecciones locales.
Para poder interpretar la noticia hay que conocer sus antecedentes. EN primer lugar la gente dede saber que nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga poner en conocimiento del Fiscal la comisión de un delito a todos los ciudadanos que lo presenciaren(art.259), a los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de él (art.262) o "al que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de su perpretación" (art.264). Lo que hizo el consejero de sanidad de la Comunidad MAdrid fué poner en conocimiento del Fiscal las denuncias anónimas y posteriormente de algunos familiares consistentes en la sedación con resultado de muerte de varios pacientes en el hospital Severo Ochoa. Con ello como hemos visto cumplió su obligación. ¿O es que me quieren decir que alguien es capaz de ocultar en un cajón una denuncia de tamañas dimensiones?. Por supuesto ni el Sr.Lamela ni DÑa Esperanza Aguirre se personaron en las Diligencias como acusación popular para promover o impulsar las investigaciones. Simplemente lo dejaron en manos del Fiscal para que investigara. Paralelamente, y esto tambien hay que conocerlo, la Comisión deontológica del Colegio Médico de Madrid, abrió el oportuno expediente administrativo de investigación y en el informe elaborado por 10 peritos independientes, nada mas y nada menos despues de revisar los historiales clínicos, se señala lo siguiente: "Existen 20 historias en las que se ha hecho sedación terminal en pacientes que por estar en coma profundo, eran innecesarias y no estan indicadas. Ello constituye mala práctica médica. Existen 10 historias en las que se ha hecho sedación terminal sin identificar el sintoma refractario y/o no se emprendia tratamientos específicos de control antes de iniciar la sedación terminal, por tanto no estaban indicadas. Ello constituye mala práctica médica. Se han realizado sedaciones terminales con dosis injustificadamente altas y en asociaciones potencialmente peligrosas, lo que ha generado una situación de riesgo a los pacientes de muerte por depresión respiratoria. Pese a ello no es posible afirmar o negar con certeza si la causa directa de la muerte fue la medicación administrada." (sic). Este informe que repito lo realizaron entre 10 peritos (seguro que del PP), obra en el expeidnete administrativo incoado al efecto estando actualmente en suspenso hasta tanto se sustancien las diligencias penales. Por supuesto tampoco la Junta Directiva del COlegio Medico de Madrid se personó como acusacion popular en el Expediente Judicial. En resumidas cuentas, lo único que hizo el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid fue poner en conocimiento de la Fiscalia unas hechos graves, no inventados, sino recibidos mediante denuncias anónimas y posteriormente de personas afectadas, (seguro tambien del PP). La fiscalia, única denunciante, encargada de impulsar el procedimiento tomo declaracion a quien quiso y solicitó la práctica de las pruebas que estimó conveniente, salvo la autopsia de los cadáveres, por lo que el Juez de instrucción, (a lo mejor del PP), al entender que no estaba acreditado, con las pruebas practicadas, la existencia de delito alguno solicitó su archivo. Sin embargo señaló en su auto, recogiendo el informe de los 10 peritos del COlegio Medico, que habia existido mala praxis médica. Como no habia nadie interesado como acusación, ni la Comunicdad de Madrid; ni el COlegio Medico ; ni el Fiscal, nadie recurrió el auto y solo lo hicieron con toda la razón ´dos o tres de los médicos investigados. Y digo con toda la razón porque la terminologia "mala praxis" estaba mal empleada en el Auto del Juzgado de Instrucción ya que para que penalmente se pueda certificar su existencia hace falta que se hubiese celebrado un juicio con sus pruebas: inmediación , oralidad y contradicción, y despues haberse dictado una sentencia condenatoria. Como en el presente caso las diligencias previas se habian arhivado sin juicio no se puede de ninguna manera dar por hecho, penalmente hablando, la concurrencia de mala praxis en los médicos intervinientes. Así lo reconocio, repito con toda la razón, la Audiencia Provincial en la famosa sentencia que ahora se pretende manipular. Por lo tanto no dica la Audiencia que exista o no "mala praxis". Lo que dice que para que se acredite penalmente su existencia hace falta un juicio y en el supuesto concreto no se ha llegado a ello por que el Juez de instruccion ha archivado el expediente. Los ignaros que pretenden responsabilizar de lo ocurrido a Esperanza Aguirre o al Consejero de Sanidad, Sr.Lamela, porque han cumplido la ley, lo que´único que pretenden es engañar al personal. Habria que pedir la cabeza del Juez instructor; de la Junta directiva del COlegio de Medicos en pleno; del Fiscal y hasta del que suscribe estas lineas por intentar humildemente explicar lo acontecido. Cada uno manda en su ignorancia y Dios en la de todos.